Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr, asegura que las eléctricas son las dueñas reales de toda el agua embalsada en este país. Lo afirma, así de contundente, en una interesante entrevista publicada recientemente en La Verdad de Murcia. Del Rivero no tiene pelos en la lengua para relacionar la sequía en los embalses de cabecera que alimentan al trasvase del Tajo-Segura con los intereses de las empresas hidroeléctricas. Es más, explica que con un 15% menos de lluvia el nivel de agua embalsada en la cabecera del Tajo-Segura ha descendido un 60%, lo que significa que “en un año seco se desembalsa agua sin control para producir electricidad muy barata, lo que repercute positivamente en las cuentas de resultados”, según el ex presidente de Sacyr, que ahora atiende sus negocios agrícolas en Cartagena.

Desembalse de La Serena (Badajoz). Foto: MAPAMA

Así las cosas, cualquiera puede pensar que esas imágenes con las que nos han machacado todas las cadenas de televisión para convencernos de la sequía en buena parte del país puede que no se correspondan con el uso del trasvase en los regadíos de Murcia, Alicante y Almería. Es más, puede que con una política responsable que hubiera tutelado los intereses de los agricultores, no se habría producido el descenso en los embalses de cabecera del Tajo-Segura o del Negratín que ha provocado el corte de agua a los regantes del Almanzora almeriense, condenados a una agonía agronómica por culpa de que las empresas hidroeléctricas siguen influyendo en la gestión del agua y en los despachos políticos con el mismo estilo que los protagonistas de “La Escopeta Nacional”. Estas situaciones propias de una película de Berlanga rayan el absurdo, por el momento que vivimos y por el país donde se supone que estamos. Pero ya lo dice el ex presidente de Sacyr: “el Estado no dirige ni rige los intereses de la nación poniendo orden en beneficio del conjunto de los ciudadanos”.

Somos capaces de colgar banderas en el balcón para pedir la unidad de España, pero no somos capaces de reclamar de forma unánime y sin fisuras las soluciones que el regadío almeriense necesita, a pesar de que sin agua esta provincia quedaría reducida a un erial. La pasividad de gran parte de la sociedad y la inacción de nuestros representantes políticos lubrica a la perfección la política de ganar tiempo que pone en práctica el Gobierno. Desde hace meses, se juega la prórroga del plan hidrológico, disfrazada de negociaciones para un futuro Pacto Nacional del Agua al que nadie se atreve a poner fecha ni contenido, en medio de severos enfrentamientos territoriales en los que todas las partes olvidan lo más elemental, que el agua es un bien público y que no pertenece a quien la tiene cerca. Ni hay soluciones a corto plazo, ni hay diálogo para prevenir a largo plazo los efectos del cambio climático. En lugar de dar agua, se dan millones de euros en subvenciones. Así nos va.